El desaforado incremento del precio de la electricidad, unido a la especial dependencia que tienen las Comunidades de Regantes a este recurso (partida fundamental en sus cuentas de resultados), está motivando que sea una cuestión de eminente actualidad la implantación de plantas fotovoltaicas por parte de dichas Corporaciones de Derecho Público.
Al anterior motivo se unen razones de oportunidad, a la vista de las importantes subvenciones y ayudas que se están aprobando por parte de las Administraciones Públicas Territoriales. También razones de necesidad, ante la situación de escasez hídrica y sequía que están sufriendo muchas cuencas hidrográficas, que imposibilita (en muchos casos) ajustarse al período tarifario más económico para llevar a efecto la captación y distribución del recurso concesional.
Si bien el presupuesto prototípico subyacente es contar con una infraestructura que va a estar vinculada al desarrollo de la labor específica de estas Corporaciones de Derecho Público (a la sazón la ordenación y aprovechamiento de las aguas), lo cierto es que las consecuencias que pueden derivarse de cada modalidad de autoconsumo, de entre las previstas en los artículos 9.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y 4.1 y 2 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, justifican la conveniencia de un sosegado estudio para la toma de decisión correspondiente.
Dicho estudio debe efectuarse desde una perspectiva eminentemente global, no agotada en la económico-financiera (tal vez la más atractiva), valorando el conjunto de obligaciones jurídico-fiscales que resultarán exigibles a lo largo de la vida útil del bien de inversión, así como los necesarios cambios y adaptaciones internas que resultarán imprescindibles en el caso de que se materialice el ejercicio de una actividad económica (IS) y empresarial (IVA).
Y es que dependiendo de la modalidad de autoconsumo por la que se opte, las implicaciones fiscales (y obligaciones formales dimanantes) son de calado, pudiendo pasar la Corporación a realizar operaciones sujetas a IVA y no exentas del IS, con todo lo que ello conlleva (contabilidad, declaraciones tributarias y formales, etc.), quedando atrás la escasa repercusión obligacional que se deriva de su especial régimen fiscal.
Lo anterior no puede constituir un impedimento ni limitación para la toma de decisión correspondiente, pero resulta recomendable tenerlo presente para cuando pase el inicial deslumbramiento generado por los resultados del comparativo estudio económico, contemplándolo sobre la base de las propias características de la Comunidad de Regantes en cuestión (cualificación del personal administrativo, infraestructura de gestión, etc.).
No es escasa la doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos que analiza las implicaciones fiscales que se derivan de la implantación de plantas fotovoltaicas por parte de las Comunidades de Regantes. No obstante, la práctica totalidad de los pronunciamientos vienen referidos a la modalidad de autoconsumo con excedentes no sometidos a compensación, lo cual trae su causa del predominante interés de dichas Corporaciones de obtener ingresos por los excedentes generados (vid. art. 13.4 RD 244/2019, de 5 de abril), así como de la búsqueda de fórmulas para la deducibilidad del IVA soportado. Resaltar, en este sentido y desde el punto de vista del IVA, las Consultas Tributarias Vinculantes V3353-19, de 10 de diciembre de 2019; V0958-20, de 20 de abril de 2020; V3193-20, de 26 de octubre de 2020; y V1565-21, de 25 de mayo de 2021.
Indudablemente la cuestión no se agota con el precitado impuesto indirecto. También tiene connotaciones en el Impuesto sobre Sociedades (a la luz del régimen aplicable a las entidades del artículo 9.3 LIS y las consecuencias derivadas de los artículos 110.2 y 110.1 a) de la misma norma); Impuesto Especial de Electricidad (V3003-21, de 3 de diciembre de 2021); Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (V3006-21, de 3 de diciembre de 2021), e Impuesto sobre Actividades Económicas (entre otras, la V0919-05, de 20 de mayo de 2005).
Un pormenorizado análisis de los pronunciamientos citados, en correlación con la doctrina de los Tribunales Económicos Administrativos, nos anuncia y enmarca cual es el régimen fiscal de cada una de las modalidades de autoconsumo, y si bien es cierto que algunas cuestiones (de mucho calado) son especialmente controvertidas (fundamentalmente en materia de IVA), puede afirmarse que las Comunidades de Regantes cuentan también, en el ámbito jurídico-fiscal, con información transcendente para la toma de decisión sobre la elección de la modalidad de autoconsumo.
Si tienes alguna duda, te leo y respondo en comentarios.
Por José Romero Carretero. Abogado-MAFC-Letrado asesor de Comunidades de Regantes-Miembro del cuerpo jurídico de Fenacore-Profesor de derecho administrativo de la Universidad Loyola -C/Duque de Fernán Núñez, 12, 1º-2, Córdoba-Tfno. 666856915-Correo electrónico: romero.asesor@hotmail.com.
Buenos días D. José:
Agradecemos su conocido interés en colaborar con nuestras comunidades de regantes. En base a lo anterior, le solicitamos que nos exponga (si lo estima conveniente) un ejemplo con base porcentual de los resultados basados en cualquiera de las distintas comunidades que ya han instalado las plantas fotovoltaicas al objeto lógico de comprobar la viabilidad de ello actualmente, ya que los que hasta la fecha no hemos realizado esta «inversión» estamos a la espera de que se aclaren estos matices tan importantes, ya que las grandes comercializadoras no dejarán que sea tan fácil, YA QUE ESTIMAMOS QUE PERDERAN COMO MÍNIMO UN 40% DE VENTAS, recordando que nuestras comunidades son las segundas mayores consumidoras de energía del pais.
Esperando atienda nuestra solicitud, quedamos agradecidos.-
COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPANARIO
ALCOLEA DEL RÍO
Constituye una realidad que la implementación por parte de las Comunidades de Regantes de infraestructuras de este tipo resulta fundamental, en el actual marco, para lograr una adecuada gestión del recurso demanial, al reducir los importantes costes energéticos y generar una mayor libertad en la captación y distribución del agua en la zona regable. De ahí el importante número de proyectos en ciernes en la inmensa mayoría de las cuencas hidrográficas de nuestro país. Corresponderá a la Comunidad de Regantes, en atención a sus propias características, valorar la modalidad de autoconsumo a implementar, a cuyo fin el conocimiento del régimen fiscal que resulta aplicable únicamente constituye un elemento a tener en consideración. Un saludo, José Romero.